A nivel global, las emergencias y los desastres de origen natural —sismos, inundaciones, sequías e incendios forestales, entre otros— representan uno de los principales desafíos para la seguridad, el bienestar y el desarrollo sostenible de las sociedades contemporáneas, cuya frecuencia e intensidad se han visto agravadas en las últimas décadas por fenómenos asociados a la variabilidad y el cambio climático (Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres [UNDRR],2025).
Colombia no ha sido ajena a esta realidad: durante el año 2026, el país enfrentó dos emergencias de gran magnitud en un lapso de pocas semanas. El 10 de agosto de 2026 se registró un sismo de magnitud 7,4, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, departamento del Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (2026), este evento correspondió al sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante el siglo XXI y fue ampliamente sentido en diferentes regiones del país.
El evento produjo afectaciones en diferentes zonas del territorio nacional, comprometiendo viviendas, infraestructura vial, establecimientos educativos y de salud, servicios públicos y otras instalaciones esenciales para el funcionamiento de las comunidades y los territorios afectados (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres [UNGRD], 2026).
Días después, el país enfrentó una oleada de incendios de cobertura vegetal en distintas regiones del territorio nacional, en un contexto caracterizado por condiciones de déficit de precipitaciones, altas temperaturas y fortalecimiento del fenómeno de El Niño, factores que incrementan la probabilidad de ocurrencia y propagación de este tipo de eventos (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales [IDEAM], 2026).
De acuerdo con la UNGRD (2026), entre el 16 de junio y el 6 de agosto de 2026 se habían registrado 438 incendios forestales en 191 municipios de 19 departamentos, con el departamento del Tolima como el territorio con mayor número de eventos reportados, con 140 incendios en 38 municipios (UNGRD, 2026).
En el Tolima, la magnitud de la emergencia también se reflejó en la extensión de las áreas afectadas: un análisis de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA), realizado mediante imágenes satelitales y cartografía temática oficial, estimó que para el 22 de agosto de 2026 los incendios habían afectado 22.319 hectáreas de cobertura vegetal en 28 municipios del departamento (CORTOLIMA, 2026).
De conformidad con lo establecido en la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la gestión del riesgo constituye un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.